DESTACAN NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA TRAS CATORCE AÑOS DE TRAMITACIÓN

Regular la industria de la seguridad privada, con la finalidad de promover su rol coadyuvante de la seguridad pública y actualizar los criterios para designar entidades obligadas a tener medidas de seguridad son algunas de las medidas que contempla la nueva normativa, cuyo órgano rector será la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Como “un avance significativo en la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente Boric” fue calificada la aprobación del proyecto de ley de seguridad privada, por la Coordinadora Regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Alejandra Romero Carvajal.

Según explicó, “el proyecto busca estandarizar el rol de las empresas de seguridad privada, fortalecer el área para complementar el rol de las policías y permitir la especialización y profesionalización de quienes trabajan en el sector, con una ley marco que ordene la dispersión normativa actual, que se encuentra obsoleta”.

Se trata de un proyecto que se encontraba “durmiendo” en el Congreso desde 2012, siendo ingresado originalmente en 2009, lo que significa más de 14 años de tramitación. Luego de ser incluido en la agenda priorizada de seguridad, se ingresaron indicaciones el 01 de agosto, dialogándose proactivamente los cambios para alcanzar una serie de acuerdos y se aprobó unánimemente tanto en la comisión de seguridad pública como en la sala del Senado en un plazo de 3 meses.

Regular la Industria de la Seguridad

Esta ley marco va a regular una industria que mueve cerca de US$500 millones, y que en términos del personal que se ve involucrado, supera en 4 veces el número actual de funcionarios de Carabineros en ejercicio. En ese sentido, se debe tener en cuenta que, a 2022, la cantidad de personas naturales acreditadas -pendientes, vencidos y al día- como seguridad privada son 264.535. A su vez, la cantidad de empresas acreditadas son 2.609 hasta el año pasado.

En la actualidad la regulación para el sector de la seguridad privada se encuentra dispersa en numerosas normativas, tales como leyes, decretos, reglamentos y manuales, no existiendo un sólo cuerpo normativo que las sistematice. Asimismo, la normativa se encuentra desactualizada y no adaptada a la realidad actual que considere los avances tecnológicos en la materia.

En respuesta a esta situación, el proyecto aprobado por la Comisión de Seguridad del Senado tiene por objeto regular la industria de la Seguridad Privada, con la finalidad de promover su   rol   coadyuvante   y   complementario   de   la   seguridad   pública, estableciendo obligaciones específicas para los sujetos regulados; actualizar los criterios y el procedimiento para designar entidades obligadas a tener medidas de seguridad; modernizar los procesos de certificación de guardias y vigilantes privados, ya que la certificación la otorgará la Subsecretaría de Prevención del Delito.

 Además permitirá modernizar los requisitos para que las personas naturales y empresas de seguridad puedan ejercer actividades de seguridad privada, actualizar las capacitaciones para apuntar a la especialización según el tipo de actividad de seguridad privada y regular la seguridad privada en eventos masivos y también se modifican las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento, estableciendo una graduación entre infracciones gravísimas, graves y leves para imponer multas proporcionales a los riesgos que generan los infractores, aumentando el valor de las sanciones administrativas en relación con lo que señala la actual regulación de seguridad privada.

Alejandra Romero, Coordinadora Regional, manifestó que “estamos muy conformes por este avance significativo, después de tanto tiempo de espera. Y nos estamos preparando como Subsecretaría para que este nuevo marco legal sea una herramienta eficaz en las materias de seguridad”.

Con el nuevo marco legal se fortalecerán las funciones del órgano rector en la materia, que será el Ministerio encargado de la Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Para ello, se incorporan nuevas funciones a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de la División de Seguridad Privada, como supervigilar y controlar las labores desarrolladas por las autoridades fiscalizadoras de la presente ley. Para ello, se deberá elaborar una política de fiscalización en materia de Seguridad Privada, en la que se establezcan criterios uniformes que permitan a las autoridades fiscalizadoras desarrollar adecuadamente sus labores.