MÁS DE 300 COMUNAS DEL PAÍS COMENZARON A RECIBIR LOS FONDOS DEL ROYALTY MINERO

A contar de este miércoles 15 de abril de 2026, 309 comunas del país comenzaron a recibir recursos provenientes del Royalty Minero, por un total de $56.633 millones. Esta transferencia, la primera cuota de este año, fortalece el financiamiento municipal, entregando mayor capacidad de inversión y autonomía para responder a las urgencias de las comunidades.

De esos $56.633 millones transferidos en la primera cuota, $13.729 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras (FCMI) para 45 comunas; y $42.904 millones provienen del Fondo de Equidad Territorial (FET) para 302 comunas, cuyo objetivo es acortar brechas presupuestarias entre las distintas comunas del país.

El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Sebastián Figueroa, sostuvo que “el mandato del Presidente José Antonio Kast es responder a las urgencias de los ciudadanos mediante soluciones concretas y en el menor tiempo posible. Esta transferencia de recursos hacia los municipios apunta precisamente a eso: entregar financiamiento para que los alcaldes puedan enfrentar la emergencia en seguridad, recuperar los espacios públicos y reactivar el desarrollo en sus comunas”.

Por su parte, el subsecretario de Minería, Álvaro González, destacó el valor del sector minero: «En un gobierno que ha puesto las urgencias ciudadanas al centro, estos recursos permiten que las comunas cuenten con más herramientas para enfrentar los desafíos en seguridad, espacios públicos y desarrollo local. Queremos que el círculo virtuoso de la minería se note en la calidad de vida de todos los chilenos, especialmente en las regiones y comunas mineras, y que cada peso se destine a las urgencias sociales de las personas más desfavorecidas”.

El Royalty Minero es un impuesto aplicado a las grandes empresas mineras, que distribuye anualmente 450 millones de dólares a regiones y comunas del país. Las comunas que reciben recursos del Fondo de Comunas Mineras se determinan según un informe de la Comisión Chilena del Cobre, basado en dos criterios: que estén en una región minera y que tengan operaciones mineras activas de empresas afectas al impuesto específico a la minería.